Un Estado de Terror
Paro Nacional Ec
Por: Dani Moreno
Ecuador vivió once días de manifestaciones en rechazo al paquete de medidas económicas impuestas por el gobierno de Lenín Moreno. El 1 de octubre, en cadena nacional, se comunicó a la ciudadanía la liberación del precio del diésel y la gasolina. Esta noticia detonó una movilización masiva. El paro fue convocado por el sector transportista, posteriormente liderado por las comunidades indígenas de base que viajaron hasta Quito.
El 3 de octubre, a través de un comunicado de prensa desde el Palacio de Carondelet, el presidente del Ecuador, declaró estado de excepción en el país e hizo un llamado a la ciudadanía para precautelar el orden, la tranquilidad y seguridad debido al cierre de vías y enfrentamiento con los manifestantes en diferentes puntos de la ciudad.
Pasaron pocos días del inicio del paro y comunidades enteras desde la Sierra y Amazonía llegaron a Quito motivadas por la defensa de la vida digna y en contra de las reformas económicas. “Llegamos todos, mujeres, guaguas, ancianos, esposos. No nos separamos”, manifestó María Toaquiza de la comunidad de Yanahurco.
La arremetida de la fuerza pública fue desmesurada. Heridas de perdigones, embestidas a multitudes por parte de los carros blindados, disparos a quemarropa, detenciones sin los procedimientos legales constitucionales, desaparecidos, golpizas propinadas a jóvenes, mujeres, periodistas y voluntarios. Bombardeos indiscriminados de gas lacrimógeno a los albergues, centros de acopio, al Hospital Eugenio Espejo y la Maternidad Isidro Ayora evidenciaron la violencia con la que el Estado estaba dispuesto a mantener el orden en la capital del Ecuador, como en otras provincias.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado difundida el 9 de octubre[1], señaló que “las autoridades ecuatorianas deben poner inmediatamente fin a la fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos cometidos contra personas detenidas en el contexto de las protestas”. Así también, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para que las autoridades garanticen el derecho a manifestarse pacíficamente y subrayó que cualquier uso de fuerza debe ser “proporcionado”. Todos estos llamados fueron ignorados, lo cual se evidenció en el espiral de violencia que vivieron los manifestantes, sin importar la presencia de niñas, niños, bebés, jóvenes, mujeres, personas adultas o heridos.
Moreno, en cadenas nacional, ratificó que no daría marcha atrás respecto a las medidas económicas y condenó los actos vandálicos que se estaban suscitando en algunas ciudades. Responsabilizó de la inestabilidad que vivía el país a los aliados al régimen correísta, las mafias contrabandistas de gasolina, a los integrantes de Latin King, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al presidente Nicolás Maduro acusó de conspirar y financiar un intento de golpe de Estado.
En vista de que la opinión pública no diferenciaba entre la protesta por el “paquetazo” y el vandalismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) marcó la separación de estos actos violentos y desaprobó los oportunistas discursos de todos aquellos políticos que se aprovecharon de la coyuntura para posicionarse.
Con estas aclaraciones se consideraba que los excesos por parte de la Policía cesarían y se abría la posibilidad al diálogo que originaría una respuesta a la inconformidad social manifestada. Eso no pasó, en parte porque hasta ese momento no existía, una agenda con peticiones al Estado, y por tanto el levantamiento fue la respuesta impulsiva desde el sentimiento colectivo de inconformidad por el encarecimiento y la precarización de la vida. No obstante todavía quedaban pendientes de concretar los puntos a abordar si el gobierno daba apertura al diálogo. Por otra parte, declaraciones como las del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín respecto a la autorización de las Fuerzas Armadas (FFAA) al uso progresivo de la fuerza, eran una advertencia directa contra los manifestantes, que instauraba un discurso basado en generar miedo para que la gente no ejerza su derecho a la protesta pacífica.
Mientras todo esto sucedía en el país, lo más lógico era estar informado para saber cómo se desarrollaban los acontecimientos respecto al paro. La prensa internacional realizó coberturas de lo que sucedía en las ciudades principales del país. Medios comunitarios y digitales se activaron comunicando el pulso de las manifestaciones, y salieron a las calles para reportar la brutalidad con que las protestas eran contenidas.
Medios de información privados de tv y radio se mantuvieron al margen con nulos o sesgados pronunciamientos relacionados al paro durante los primeros días; muchos ni siquiera alteraron su programación normal; no dimensionaron la importancia de lo que estaba aconteciendo en el país. Todo este accionar para los manifestantes, fue interpretado como un intento de minimizar y ocultar lo que pasaba en las protestas.
Entonces, debido a este contexto, las redes sociales se convirtieron en los únicos y eficaces canales por donde se viralizaron, fotos, videos, audios de los excesos de fuerza policial. Se compartían tips de seguridad para las marchas, pronunciamientos de organizaciones, denuncia de gente desaparecida o detenida ilegalmente, información de donaciones, trasmisiones en vivo, convocatorias para que voluntarios apoyen en los centros de acopio o albergues, datos de vías cerradas o sectores donde era peligroso transitar, entre otras. Un sin fin de información que dinamizó la forma de comunicarse entre las personas durante el paro y articuló a las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de manera integral.
De esta forma, pasó más de una semana y no se avizoraba el cambio de panorama. El gobierno en cadenas nacionales se mostraba abierto al diálogo igual que los dirigentes indígenas pero no se lograba con éxito concretar la reunión y hasta mientras seguían los violentos enfrentamientos.
El jueves 10 de octubre, la Defensoría del Pueblo comunicó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de Cotopaxi, quien perdió la vida como consecuencia directa de las desmedidas represiones policiales. La muerte de Inocencio trastocó al movimiento indígena y se declaró en luto. Una calle de honor entre el hospital Eugenio Espejo y el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el camino que recorrió el féretro del Tucumbi; mientras 4 de los 10 policías retenidos por los indígenas fueron obligados a cargarlo, como un mensaje a la institución policial responsabilizándola de los muertos durante las manifestaciones.
Después del velorio, los gendarmes fueron entregados de manera pacífica a una delegación de la ONU, que en su cuenta de twitter expresó que aquel gesto de buena voluntad, contribuye a crear condiciones de mayor confianza para prevenir la violencia y buscar salidas pacíficas a la situación. Similar situación pasó con los 31 periodistas retenidos que fueron llamados a una rueda de prensa en la CCE para pedirles que informen la violenta represión que se vive en las marchas y que den voz a los manifestantes.
Los enfrentamientos llegaron a su décimo día. El sábado 12 de octubre la situación se tornó más violenta. Las principales arterias viales de Quito fueron cerradas. Rumores sobre el desabastecimiento de agua, y de hordas de gente saqueando y delinquiendo fueron alertas para una ciudadanía asustada que prefirió resguardarse en casa y evitar los peligros. El primer mandatario dispuso toque de queda y militarización del Distrito Metropolitano de Quito y los valles. Horas después se comunicó que la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana serían los organismos mediadores de un diálogo entre el presidente y los dirigentes indígenas.
Finalmente, el domingo 13 de octubre se transmitió en vivo, por cadena nacional, el diálogo con el presidente. En este espacio se expuso con ejemplos cómo el decreto 883 precarizaría aún más la vida de la clase empobrecida debido a la falta de conocimiento, del gobierno y sus ministros, de las diversas realidades que se viven en el campo. Se propuso entonces focalizar las medidas económicas hacia los que más tienen para que no afecten a las clases populares. El movimiento indígena pidió además la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín debido a que los responsabilizaron como autoridades de Estado de los excesos de violencia. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, enfatizó que las decisiones de este gobierno estaban alineadas con el movimiento político de derecha y recalcó lo peligroso que resulta para el país hacer tratos con el Fondo Monetario Internacional.
La preocupación del sector indígena de estos acuerdos con el FMI está relacionada al cumplimiento de las condiciones que este organismo impone a los países que hace préstamos, pues se termina hipotecando la capacidad futura para asumir esta deuda, dando vía libre a la ampliación del poder económico del sector privado que precariza la vida mediante la privatización de sistema de pensiones, de la educación y sanidad, reformas laborales, reducción del estado en los sectores estratégicos, liberación del régimen comercial, entre otros mecanismos de ajuste social. No es casualidad que al día siguiente de las reformas económicas el FMI en su página oficial[2] lanzó un comunicado de prensa No. 19/362, donde menciona que “el personal del FMI continuará colaborando estrechamente con las autoridades para mejorar las perspectivas de todos los ecuatorianos” además de respaldar las decisiones tomadas por Moreno, reafirmaron la estrecha colaboración de esta entidad con su Gobierno para fortalecer la dolarización y las acciones respecto a las reformas al Banco Central y al Código Orgánico de presupuesto y planificación.
Miriam Cisneros, lideresa Sarayaku, expresó que cuando se habla de desarrollo no se piensa en las comunidades, no se piensa en consultar o respetar a los territorios que son explotados o concesionados a petroleras, habitados por pueblos originarios desde hace miles de años: “como mujeres amazónicas venimos a pedirte que te pongas en nuestros zapatos. Acaso no te duele cuando ordenas a hombres armados que nos ataquen. Estamos mujeres, jóvenes, reclamado por una vida digna, por nuestros derechos“. Ella enfatizó también la importancia de la liberación de los indígenas encarcelados; que esta lucha ha sido de pueblos mestizos, afros, indígenas y que después del paro los dirigentes no deben convertirse en perseguidos políticos.
Del espacio de diálogo se gestaron 3 acuerdos: Derogatoria del decreto 883 y la realización de uno nuevo para reemplazarlo; la instalación de una comisión entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas, con mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para generar el nuevo decreto; y la finalización de las movilizaciones en todo el Ecuador.
Se anunció entonces que para el martes 15 de octubre todo se retornaría a la relativa normalidad, bajo la mirada vigilante de un pueblo que no alcanzaba a creer la facilidad con que la gobierno aceptó dar marcha atrás.
Como resultado del paro hubo 1192 personas detenidas, 11 personas fallecidas, 1340 heridas[3],131 periodistas agredidos[4] a nivel nacional. El panorama para el 2020 nos muestra a organizaciones indígenas integradas y fortalecidas después de diez años de desarticulación; claridades políticas de los movimientos civiles y sociales cuya correspondencia se orienta por la defensa de los derechos humanos de forma integral; candidaturas presidenciales adelantadas de representantes de las mismas élites y oligarquías partidistas, que se mostraron ansiosas.
Finalmente, la represión que se vivió durante el paro es un ejemplo de racismo y colonialismo comandada por una élite política mestiza que es daltónica social ante la realidad que se vive en los campos y sectores más vulnerables, que solo son buscados en época electoral para obtener votos ofreciéndoles los derechos que ningún gobierno ha podido garantizar. Lo que la movilización del pueblo enseña es que es posible generar transformaciones sociales desde la solidaridad y apoyo a las diversas luchas colectivas sabiendo que toda apuesta política es por una vida digna y justa, que no privilegia a los más ricos y perjudica los empobrecidos históricamente.
Reconstruir ciudadanía sabiendo que: el gobierno sigue aliado al FMI; que la Fiscalía no recepta las denuncias sobre las violaciones a DDHH ocurridas durante el paro; políticos, activistas, dirigentes y voluntarios son investigados como presuntos instigadores y financistas de las manifestaciones; medios de comunicación comunitarios y digitales que realizaron coberturas durante el paro, son asediados y vigilados por parte del poder; plantea un reto a nivel nacional para curar las huellas dejadas por la violencia e injusticia.
[2]https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/10/02/pr19362-ecuador-imf-statement-on-ecuador y https://bit.ly/2rfsCwt
[3]Según la Defensoría Pública del Ecuador
[4]Informe Fundamedios